“Vamos a requerir al Gobierno de Mauricio Macri que se deje de cargar más costos sobre los usuarios a quienes se le incrementan los valores en las facturas, se le recortan subsidios y se le aplican sanciones, mientras que a las empresas se les han condonado nada menos que 19.000 millones de pesos en deudas”, dijo Leonardo Gialluca.
Para este miércoles están previstas las dos audiencias públicas, en el Salón Dorado del Hotel de Turismo de esta ciudad, que fueron convocadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el marco de la Revisión Integral de los Contratos de Servicios Públicos.
En esta ocasión, Formosa será la sede para el tratamiento de cuestiones fundamentales que hacen a los precios que deberemos pagar como usuarios del servicio de energía eléctrica de la región en los próximos cinco años.
Dando precisiones sobre la temática, el defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, expresó: “Se traen a consideración de la ciudadanía en general, las propuestas de incrementos en las tarifas de valores estacionales y transporte, así como el análisis de los planes de estímulo al ahorro de energía y tarifa social. Adelantando nuestra postura, remarcó el funcionario, diremos que nos parece totalmente nulo el discutir en una audiencia pública, cuestiones que ya están aprobadas desde el comienzo de este año, como el incremento en los precios que imponen la empresa generadora ENARSA o la comercializadora CAMMESA, ambas del propio Estado nacional”.
“En este sentido –agregó– hemos coincidido plenamente con el defensor del Pueblo de la provincia del Chaco, Gustavo Corregido, quien en ocasión de acudir a inscribirse para su participación, tuvo la deferencia de acudir a nuestra sede, donde pudimos intercambiar puntos de vista respecto a esta temática. Nos parece que se sigue conculcando el derecho a la información y la protección de los intereses económicos de los usuarios, establecidos en la Constitución Nacional, en su artículo 42º. Los usuarios nos hemos tristemente acostumbrado al hecho de que toda revisión de tarifas, sea para imponer el aumento y sabemos que esta no será una excepción”.
Para el transporte en alta tensión, la prestataria, TRANSNEA solicitó también un aumento, que necesariamente, en menor medida se traducirá en una suba adicional a la facturación que recibimos los usuarios residenciales, “con estos antecedentes, vamos a requerir al Gobierno de Mauricio Macri que se deje de cargar más costos sobre los usuarios a quienes se le incrementan los valores en las facturas, se le recortan subsidios y se le aplican sanciones, mientras que a las empresas se les han condonado nada menos que 19.000 millones de pesos en deudas. Lo que está sucediendo nos parece una inconsecuencia y vamos a pedir que cualquier tipo de aumento lo compartan el Estado con las empresas, dejando descansar al malogrado bolsillo de los trabajadores, que ya vienen cargando con un 40 % de inflación anual y han sido la variable de ajuste en los últimos incrementos en los precios de todos los servicios públicos”.
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